El nuevo índice global de TMF Group coloca a varias economías de Centroamérica y el Caribe entre las jurisdicciones menos complejas para establecer y operar empresas. El dato no significa que la región esté libre de trabas, pero sí que, en términos regulatorios y administrativos, compite mejor que varios mercados grandes de América Latina.
Centroamérica y el Caribe empiezan a aparecer con otra luz en el mapa de los negocios internacionales. Según la edición 2026 del Global Business Complexity Index (GBCI) de TMF Group, varias economías de la subregión se ubican entre las menos complejas del mundo para operar una empresa, en contraste con mercados latinoamericanos de mayor tamaño que siguen cargando con entornos regulatorios más pesados e impredecibles.
El matiz es importante. El informe no mide “facilidad para hacer negocios” en un sentido amplio, sino la complejidad operativa y de cumplimiento que enfrentan las empresas al instalarse y funcionar en una jurisdicción. Para ello, TMF analiza 81 territorios, que representan más del 90% de la economía mundial, y compara 292 indicadores vinculados a contabilidad e impuestos, gestión legal de entidades y requisitos laborales. En esa escala, 1 es la jurisdicción más compleja y 81 la menos compleja.
Bajo ese criterio, la región sale relativamente bien parada. El ranking 2026 ubica a Panamá en el puesto 42, El Salvador en el 43, Guatemala en el 46, Nicaragua en el 52, República Dominicana en el 55, Costa Rica en el 63, Honduras en el 65, Jamaica en el 71, Curazao en el 72 e Islas Caimán en el 81, esta última como la jurisdicción menos compleja del mundo. Del otro lado del tablero aparecen economías latinoamericanas mucho más grandes, pero también más difíciles de navegar desde el punto de vista regulatorio, como México (2), Brasil (3), Colombia (6), Bolivia (7), Argentina (9) y Perú (10).
El propio TMF explica que las jurisdicciones menos complejas suelen compartir tres rasgos: marcos regulatorios ágiles y estables, infraestructura digital sólida y requisitos de cumplimiento claros. En otras palabras, el atractivo no depende solo de pagar menos impuestos o abrir una sociedad más rápido, sino de operar con reglas relativamente previsibles. Esa idea aparece en un momento en que, según el CEO de TMF, los inversionistas no solo buscan simplicidad, sino sobre todo certidumbre en medio de un entorno global cada vez más fragmentado.
Dentro del bloque, el Caribe ofrece los ejemplos más extremos. Islas Caimán, en el puesto 81, vuelve a figurar como la jurisdicción menos compleja del mundo, apoyada en estabilidad institucional y avances tecnológicos que ayudan a reducir burocracia. Curazao, en el lugar 72, también aparece bien posicionado pese a haber ajustado su normativa para alinearse con estándares internacionales, mientras que Jamaica, en el 71, conserva una ubicación favorable aunque con mayor complejidad asociada a nómina, deducciones y pagos al gobierno.
En Centroamérica, la foto es más mixta, pero todavía positiva en comparación regional. Panamá se mantiene en el puesto 42 y conserva un perfil de relativa estabilidad, aunque el índice identifica como puntos de fricción los procesos de KYC y algunas ineficiencias en seguridad social. Aun así, la expansión de herramientas como Panamá Emprende y la facturación electrónica ayudan a reducir carga administrativa. El Salvador, en el puesto 43, mejora respecto al año anterior, aunque TMF sigue viendo complejidad en la abundancia de trámites, escrituras públicas, registros notariales y plazos estrictos para cumplir formalidades corporativas.
Guatemala, en la posición 46, continúa a mitad de tabla. La mejora es moderada y convive con obstáculos bien conocidos para el inversionista: cambios frecuentes en normas tributarias y exigencias presenciales para ciertos trámites corporativos. República Dominicana, en el puesto 55, mantiene una ecuación parecida: una estructura fiscal todavía compleja, pero compensada en parte por incentivos de zonas francas y por el avance de la facturación electrónica, que favorecen inversión en turismo, manufactura y tecnología.
Más abajo en complejidad, aunque aún dentro del grupo de jurisdicciones relativamente manejables, aparecen Costa Rica y Honduras. Costa Rica baja cinco lugares hasta el 63, beneficiada por su estabilidad política y por regímenes especiales como zona franca, aunque la burocracia sigue pesando. Honduras se ubica en el 65 y, según la lectura del índice, su principal lastre reciente es la incertidumbre política, aun cuando el país ha venido digitalizando algunos procesos y mantiene condiciones operativas más simples que varios mercados sudamericanos.
La conclusión de fondo es que Centroamérica y el Caribe no aparecen como mercados perfectos, sino como jurisdicciones relativamente menos complejas para operar que buena parte de América Latina. Eso puede sonar técnico, pero tiene implicaciones concretas para inversión, comercio y expansión regional. En un entorno donde las compañías revisan cadenas de suministro, costos de cumplimiento y riesgos regulatorios, una menor complejidad administrativa puede convertirse en una ventaja competitiva tan relevante como la ubicación geográfica o los incentivos fiscales.
Si la región logra convertir esa menor complejidad en más certidumbre, más digitalización y mejor ejecución institucional, el resultado podría ir más allá de un buen lugar en un ranking: podría traducirse en más empresas instalándose, más operaciones regionales y una mejor posición en la disputa por atraer inversión en los próximos años.
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