El gobierno panameño puso en marcha una reconfiguración de alto impacto para su plataforma logística: Balboa y Cristóbal volverán a licitarse, Isla Margarita entrará en proceso este año y la Autoridad del Canal de Panamá sigue avanzando con Corozal y Telfers. El movimiento busca reforzar la posición del país como hub regional, aunque persisten dudas sobre la capacidad adicional real que aportará el paquete completo.
Panamá volvió a poner sus puertos en el centro de la agenda logística regional. Durante la Convención Marítima de las Américas 2026, el presidente José Raúl Mulino confirmó que el país se prepara para relicitar Balboa y Cristóbal, avanzar con una nueva concesión en Isla Margarita antes de que termine el año y seguir empujando, desde la Autoridad del Canal de Panamá, los proyectos de Corozal y Telfers. En el mismo mensaje oficial, el mandatario vinculó estas iniciativas con una estrategia más amplia para fortalecer la competitividad logística del país.
El anuncio no llega en un vacío. A fines de enero, la Corte Suprema de Panamá anuló los contratos que mantenía Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, sobre Balboa y Cristóbal, dos terminales ubicadas en los accesos del Canal. Reuters subraya que el caso tiene una dimensión mayor porque ocurre en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y China alrededor de infraestructuras críticas, en una ruta por la que pasa cerca del 5% del comercio marítimo global.
Desde entonces, el mapa operativo del sistema portuario panameño quedó en transición. Panamá otorgó concesiones temporales de 18 meses para mantener la continuidad de las operaciones, con APM Terminals en Balboa y TIL Panama, vinculada a MSC, en Cristóbal. En paralelo, la disputa legal sigue escalando: en marzo, Panama Ports Company amplió su reclamación arbitral internacional y dijo que los daños reclamados ya superaban los US$2.000 millones.
En ese contexto, Mulino ya había adelantado en febrero que los contratos portuarios “nunca más” se entregarían a un solo operador, una señal de que la nueva arquitectura de concesiones buscará evitar la concentración que marcó la etapa anterior. Esa definición política ayuda a entender por qué Balboa y Cristóbal no aparecen hoy solo como terminales a reordenar, sino como piezas de una reingeniería institucional más amplia.
Donde el proceso luce más estructurado es en Corozal y Telfers. La Autoridad del Canal publicó el 30 de enero de 2026 los pliegos de precalificación para ambos terminales —uno en el Atlántico y otro en el Pacífico— y luego introdujo enmiendas el 30 de marzo. Según la ACP, estas iniciativas buscan elevar la capacidad nacional de transbordo entre 5,0 y 6,0 millones de TEUs por año, además de reforzar la posición de Panamá como nodo intermodal competitivo. El organismo también informó que sostuvo reuniones de mercado con operadores globales como APM Terminals, CMA Terminals, DP World, PSA, TIL, ONE y Evergreen, entre otros.
Mientras la comunicación oficial de la Presidencia atribuye a Corozal y Telfers una expansión de 7 millones de TEUs, la documentación técnica de la ACP habla de una capacidad adicional de 5,0 a 6,0 millones de TEUs por año para esas dos terminales.
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