La modernización del sistema portuario guatemalteco volvió al centro del debate político y económico. Después de varios años de discusión, el Congreso continúa el análisis de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, una iniciativa considerada estratégica para fortalecer la infraestructura logística del país y responder a uno de los principales reclamos del sector exportador: contar con puertos más eficientes, competitivos y preparados para atender el crecimiento del comercio internacional.
Es importante precisar que, al momento de esta publicación, la ley aún no ha sido aprobada de forma definitiva. El proyecto avanzó en el pleno del Congreso y continúa su trámite legislativo con la revisión de artículos y enmiendas antes de la votación final. Sin embargo, el contenido conocido de la iniciativa permite anticipar los principales cambios que introduciría en la administración portuaria del país.
Una autoridad para coordinar el sistema portuario
El eje central de la propuesta es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), un organismo técnico que asumiría la rectoría del sistema portuario nacional.
La APN tendría la responsabilidad de formular la política portuaria, coordinar el desarrollo de la infraestructura, supervisar la ejecución del Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario y articular el trabajo de las distintas entidades públicas que intervienen en las operaciones marítimas.
La iniciativa contempla un Consejo Directivo de cinco integrantes, acompañado de una estructura administrativa especializada que permitiría dar continuidad técnica a la planificación del sector. La intención es superar el modelo actual, donde las decisiones se encuentran dispersas entre diferentes instituciones y cada puerto opera con altos niveles de autonomía.
Una planificación de largo plazo
Otro de los cambios relevantes es la creación de un Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario, instrumento que serviría para ordenar las inversiones futuras y definir prioridades en infraestructura.
La propuesta busca coordinar proyectos de ampliación de terminales, dragados, nuevas instalaciones, accesos terrestres y conexiones ferroviarias, integrando el desarrollo portuario con la política nacional de transporte y comercio exterior.
Para el sector privado, uno de los principales problemas actuales ha sido precisamente la ausencia de una planificación unificada que permita ejecutar proyectos de largo plazo sin depender de decisiones aisladas.
Más espacio para atraer inversión
El proyecto también pretende crear un marco jurídico que facilite la participación del sector privado en el desarrollo portuario.
La iniciativa incorpora mecanismos para desarrollar infraestructura mediante esquemas de inversión pública, privada o mixta, con reglas más claras para contratos y proyectos de modernización.
El objetivo es ofrecer mayor certeza jurídica a los inversionistas y acelerar la ejecución de obras que permitan ampliar capacidad operativa, reducir tiempos de atención y responder al crecimiento del comercio marítimo.
Reducir la burocracia operativa
Uno de los desafíos del sistema portuario guatemalteco es la intervención simultánea de múltiples instituciones, entre ellas la SAT, Migración, autoridades sanitarias, organismos fitosanitarios y entidades de seguridad.
La propuesta establece que la futura APN actuaría como ente coordinador para armonizar procedimientos y mejorar la interacción entre estas dependencias, sin sustituir las competencias legales de cada una.
La intención es disminuir duplicidades, agilizar procesos y reducir los tiempos de permanencia de buques y mercancías en los puertos nacionales.
Un problema que afecta la competitividad
La discusión de la ley responde a un diagnóstico ampliamente compartido por el sector exportador.
Organizaciones como AGEXPORT han advertido en reiteradas ocasiones que Guatemala enfrenta costos logísticos elevados debido a limitaciones en infraestructura, tiempos de espera prolongados y falta de coordinación institucional.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que algunos buques han llegado a enfrentar esperas de varias semanas para completar operaciones, generando sobrecostos que finalmente terminan trasladándose a importadores, exportadores y consumidores.
La referencia regional
El debate también se alimenta de las experiencias de otros países latinoamericanos.
Panamá, Perú y Colombia han desarrollado durante las últimas décadas modelos de gobernanza portuaria con autoridades técnicas, planificación nacional y apertura a inversiones privadas, lo que les ha permitido mejorar el desempeño de sus terminales y escalar posiciones en indicadores internacionales como el Container Port Performance Index (CPPI), elaborado por el Banco Mundial y S&P Global.
AGEXPORT ha utilizado precisamente estos casos para sostener que Guatemala necesita una política portuaria de Estado que trascienda los ciclos gubernamentales y permita cerrar la brecha competitiva frente a sus vecinos.
El reto va más allá de crear una nueva institución
La eventual aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional marcaría un cambio importante en el marco regulatorio del sector. Sin embargo, especialistas coinciden en que el éxito de la reforma dependerá de su implementación, de la capacidad para ejecutar proyectos de infraestructura y de la coordinación efectiva entre el Estado y el sector privado.
Más que crear una nueva entidad, el desafío será convertir la planificación en obras concretas que reduzcan costos logísticos, agilicen el movimiento de mercancías y fortalezcan la posición de Guatemala dentro de las cadenas de suministro regionales. En un escenario donde la eficiencia portuaria influye directamente en la competitividad de las exportaciones, la modernización del sistema portuario se perfila como uno de los proyectos estratégicos para el crecimiento económico del país.